Son muchos las casos que ponen de manifiesto las ventajas de profesionalizar las instituciones religiosas.
Se hace evidente, pues, que para gestionar de la mejor manera posible cualquier entidad, la opción idónea es contar con perfiles profesionales en gestión. La Iglesia no es una excepción, de hecho, se constituye como una gran empresa que debe gestionar sus recursos de manera óptima. Las instituciones religiosas cuentan con un presupuesto y tienen que gestionarlo debidamente para no sobrepasar el límite y poder llevar a cabo el mayor número de iniciativas posible. Una gestión profesional de los presupuestos, por ejemplo, sirve para mejorar la rigurosidad en el cumplimiento de los mismos y para aumentar su alcance.
Por otro lado, toda persona jurídica pública de la Iglesia Católica debe disponer de un administrador de sus bienes, cuyas funciones, según dicta el derecho canónico, se pueden resumir en “actuar como un diligente padre de familia”.
Este administrador no tiene por qué pertenecer directamente a la institución religiosa en todos los casos. Si la persona jurídica pública no tiene administradores propios por disposición del derecho, por escritura de fundación, o por sus estatutos, es el Ordinario a quien está sujeta quien nombrará por un trienio a personas que sean idóneas, siendo este nombramiento renovable.
La gestión en las instituciones religiosas es crucial para asegurar el correcto funcionamiento de las mismas. El hecho de gestionar mal los recursos de los que se dispone es uno de los problemas que más cuesta percibir, sobre todo cuando no se miden los resultados, pues es de las pocas maneras que permiten valorar si la gestión está siendo adecuada y provechosa.
Las principales consecuencias de una mala gestión se podrían resumir en: pérdida de dinero, imposibilidad de lograr mejoras, desvanecimiento de las funciones y roles. Así, la mala gestión acarrea problemas como el incumplimiento de los presupuestos asignados y el corto alcance conseguido con los recursos disponibles debido a la falta de optimización.
Las entidades religiosas llevan el control de sus ingresos y gastos y, en dicha gestión, se corre el riesgo de atravesar situaciones en las que puedan ser utilizadas para blanquear capitales o financiar actividades, organizaciones terroristas o cualquier otra actividad delictiva. En ese sentido, la reputación de la entidad peligraría notablemente.
Cuando hablamos de ingresos, nos referimos principalmente a donaciones, suscripciones, herencias y legados y ventas de bienes patrimoniales; cuando hablamos de gastos, al dinero entregado por caridad cristiana. En los primeros casos, es crucial conocer a las personas que realizan las aportaciones y suscripciones solicitando sus datos más importantes y anotándolos correctamente, conocer también la identidad del fallecido (en las herencias), pedir la documentación más relevante y tomar precauciones como no aceptar dinero en efectivo en la venta de bienes. En cuanto a los gastos, es decisivo analizar la honorabilidad de quien recibe los fondos.
Un gestor profesional tiene la experiencia necesaria para abordar satisfactoriamente todas estas cuestiones y sabe cómo actuar para optimizar los recursos al máximo manteniendo el propósito ético de la Iglesia.
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